Un contingente de 10.600 policías y 7.400 militares de apoyo protegerá este domingo la final de la Copa Confederaciones entre Brasil y España en Río de Janeiro, que será el culmen también de una ola de protestas durante partidos de fútbol en pro de mejores servicios públicos en el país.El tamaño del despliegue queda claro en comparación con los 5.646 agentes que patrullan usualmente las calles de las ciudades de Río de Janeiro y Niterói, que están unidas por un puente y donde viven unos 7 millones de habitantes, de acuerdo con números publicados por la revista semanal Veja.
Dentro del estadio habrá otros 1.300 guardias privados, después de que el Comité Organizador Local (COL) de la Copa anunciara un aumento de los efectivos.
Quien no estará presente será la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, según su agenda divulgada hoy, que no prevé "compromisos oficiales" para el domingo.
La jefa de estado recibió abucheos y silbidos durante su intervención en el partido inaugural del torneo entre Brasil y Japón (3-0), que se disputó el 15 de junio en Brasilia.
Esa muestra de desagrado ocurrió al inicio de las protestas, las mayores llevadas a cabo en varias décadas en Brasil, las cuales se extendieron por todo el país a partir del detonante del alza de precio del transporte público en Sao Paulo.
Pese a que la movilización no estaba dirigida expresamente contra Rousseff, que tendió la mano a los manifestantes, la explosión de un descontento hasta entonces oculto le ha ocasionado una importante erosión política.
El índice de aprobación de Rousseff pasó del 57 % dos días antes del inicio de las manifestaciones a los actuales 30 %, el nivel más bajo de su gestión, de acuerdo con una encuesta publicada hoy por el Instituto Datafolha.
En marzo, la presidenta tenía el 65 % de popularidad, pero el apoyo cayó a medida que la inflación subía y la tasa de intereses aumentaba.
Las protestas se repiten diariamente en Brasil con una larga lista de reivindicaciones, como exigencias de mayor inversión pública en educación y salud, y críticas a la corrupción.
Otro de los motivos que ha llevado a millones de brasileños a la calle es el elevado costo de la organización del Mundial de 2014.
Así, muchas de las marchas de protesta han tenido como destino estadios en los que en ese momento se disputaban partidos de la Copa Confederaciones, que es una especie de ensayo general para el Mundial con solo ocho selecciones.
Algunas de esas protestas han sido dispersadas por la Policía con gases lacrimógenos después de que los manifestantes intentaron atravesar el cerco en torno a los estadios y terminaron en batallas campales con incendios y saqueos.
Ese fue el caso en Fortaleza y, especialmente, en Belo Horizonte, donde hubo enfrentamientos entre manifestantes y agentes durante los encuentros de semifinales.
Hasta ahora ha habido seis muertos, cuatro de ellos atropellados durante las protestas.
Para mañana dos marchas se dirigirán al Maracaná, que tendrá lleno hasta la bandera tras haberse vendido las 79.000 entradas de su aforo.
Representantes del llamado Comité Popular de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos, uno de los organizadores, se reunieron hoy con la Policía Militarizada para comunicarle la ruta a las autoridades.
En el encuentro resaltaron el deber del estado "de garantizar el derecho constitucional de la población de ir a la calle a protestar", según indicaron en su página de Facebook, la red social que sirve de vehículo para convocar a los manifestantes.
Gustavo Mehl, uno de los integrantes del Comité, dijo a Efe que el descontento de la población por la "imposición" de megaeventos deportivos es uno de los motivos del alto seguimiento de las marchas.
"No es de extrañar que estas manifestaciones nacen en esta proporción durante la Copa" Confederaciones, aseveró.
Las principales reivindicaciones de ese Comité son cancelar la privatización del Maracaná, protestar por la retirada de un grupo de indígenas que ocuparon durante años el Museo del Indio, contiguo al estadio, y parar con los desalojos de inmuebles para la celebración de grandes eventos en Río de Janeiro.
EFE
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